Encabezado

Novedades jurídicas - 30 de octubre de 2019

ISSN 2591-6262

Director
Juan Antonio Stupenengo

Equipo editorial
Mercedes Aveldaño, Iván Belitzky, Natalia Mortier, María Eugenia Páez y Valeria E. Zayat

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Es admisible el recurso directo que, en contra de lo dispuesto en la norma aplicable, es deducido ante la Cámara de Apelaciones

En el marco de un recurso directo interpuesto contra una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que había denegado el beneficio previsto por la ley 24.043, la Corte Suprema de Justicia de la Nación -por mayoría- revocó el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en tanto había desestimado el recurso por haber sido presentado ante la Oficina de Asignación de Causas del fuero, y no en sede administrativa como lo establecía la norma aplicable. Para así decidir, sostuvo que la Cámara había incurrido en un excesivo rigor formal al rechazar con ese fundamento la única vía legalmente contemplada para revisar la decisión administrativa mediante la cual se había denegado el derecho sustancial invocado por la interesada. 

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La ley de medidas cautelares contra el Estado no se aplica a los procesos en los que la Corte Suprema ejerce su competencia originaria

En el marco de un proceso ambiental en trámite ante la jurisdicción originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Máximo Tribunal resolvió -por mayoría- hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y ordenar que la empresa Hidrovía SA -concesionaria del Estado Nacional- realizara las obras de dragado y despeje que resultaren necesarias e indispensables para garantizar un mínimo de circulación de agua en el arroyo Tarariras, de tal modo que permitiera el acceso de los demandantes a sus viviendas mediante la utilización de embarcaciones pequeña. Indicó -a su vez- que el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires -demandadas en la causa- deberían prestar el apoyo necesario para cumplir eficaz y a la mayor brevedad posible la medida establecida. En este contexto, la Corte dejó asentado que las disposiciones de la ley 26.854, sobre medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional, no resultaban aplicables al caso, pues no se le podían imponer limitaciones de orden procesal en el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales que el artículo 117 de la Constitución Nacional le encomendó en los asuntos que corresponden a su jurisdicción más eminente. 

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Ordenan a la Oficina Anticorrupción proveer la información requerida por la AGN

En el marco de una acción de amparo por mora interpuesta por la Auditoría General de la Nación con el objeto de que se ordenara a la Oficina Anticorrupción proveer la información requerida a dicha repartición en el marco de una auditoría de gestión, el titular a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6 resolvió hacer lugar a lo solicitado y ordenó que se proveyera la información solicitada. A dichos efectos, afirmó que debían aplicarse las previsiones de la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública (art. 14) y que la información requerida, en tanto resultaba relevante a fin de llevar a cabo la labor de control externo del sector público nacional que la Constitución Nacional le imponía a la AGN, no podía estar sujeta a condicionamiento alguno por parte del organismo auditado, por lo que la reticencia en suministrarla obstruía el desenvolvimiento de las tareas de auditoría constitucionalmente otorgadas al órgano de control. 

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Declaran la nulidad de la ley 5966, modificatoria de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos

En el marco de una acción de amparo colectivo interpuesta con el objeto de que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley 5966, mediante la que se autorizaba en la Ciudad la combustión de residuos sólidos urbanos con recuperación de energía (termovalorización), la titular a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 4 resolvió hacer lugar a la demanda. Para así decidir, sostuvo que ni el GCBA, ni la Legislatura porteña, habían podido explicar con argumentos coherentes y consistentes por qué se había omitido el procedimiento de doble lectura y la audiencia pública que el Constituyente había otorgado para asegurar la participación ciudadana en cuestiones ambientales. A todo evento, expuso -asimismo- que la ley en cuestión era inconstitucional en tanto no respetaba los presupuestos mínimos que en materia ambiental establecidos en las leyes federales.

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Normas de Nación

Ley 27.519. Se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 108/2002 .B.O. del 30 de septiembre de 2019.

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Decreto 744/2019. Se autoriza a la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas a emitir en forma adicional al Documento Nacional de Identidad en formato tarjeta, la credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes. B.O. del 30 de octubre de 2019.

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Decreto 708/2019. Se aprueba la reglamentación de la ley 27.506, mediante la que se establece el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. B.O. del 16 de octubre de 2019.

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Decreto 691/2019. Se dispone la transferencia de fondos, en cuotas mensuales a aquellos estados provinciales que no hayan completado el envío de la información necesaria para la simulación del Déficit Previsional, según lo establecido en el decreto 730/18, pero que a criterio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hubieren efectuado cambios normativos en su legislación tendientes a sostener un sistema previsional equilibrado y sustentable en el tiempo. B.O. del 8 de octubre de 2019.

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Decreto 669/2019. Se sustituye la tasa de interés prevista en el artículo 12 de la ley 24.557 y sus modificaciones, por la de variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). B.O. del 30 de septiembre de 2019.

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Decreto 656/2019. Se aprueba la reglamentación de la ley 26.653 de Accesibilidad de la Información en las Páginas Web. B.O. del 20 de septiembre de 2019.

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Decreto 650/2019. Se establece que las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la Administración Pública Nacional contarán con un Enlace de Integridad en el Ejercicio de la Función Pública. B.O. del 18 de septiembre de 2019.

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Normas de Ciudad

Ley 6203Se incorpora texto al Título Décimo Segundo Del servicio de transporte público de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro-taxis del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. B.O.C.B.A. del 21 de octubre de 2019.

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Ley 6194Se modifican el Código de Habilitaciones y Verificaciones y el Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires referidos a Exposición y venta de animales vivos. B.O.C.B.A. del 7 de octubre de 2019.

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Ley 6192. Se modifica el Anexo A de la Ley N° 1217 - Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. B.O.C.B.A. del 1º de octubre de 2019.

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Decreto 209/2019. Se aprueba la reglamentación de la ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. B.O.C.B.A. del 18 de octubre de 2019.

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Resolución de Presidencia 943/CMCABA/2019Se establece la obligatoriedad del uso de la Firma Digital exclusivamente para magistrados/as y funcionarios/as de los Tribunales de Primera y Segunda Instancia y organismos implementados en EJE del fuero Contencioso Administrativo y Tributario del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. B.O.C.B.A. del 23 de octubre de 2019.

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"Las particularidades del amparo porteño a la luz del art. 14 de su Constitución", por Iván Nicolás Belitzky

Artículo publicado en el libro "Pensar la ciudad: comentarios a la Constitución porteña desde la igualdad, la autonomía personal y los derechos sociales".

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"El habeas corpus en la Constitución de la Ciudad", por Nicolás Gabriel Tauber Sanz

Artículo publicado en el libro "Pensar la ciudad: comentarios a la Constitución porteña desde la igualdad, la autonomía personal y los derechos sociales".

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Presentación del libro Responsabilidad del Estado, de la cátedra del profesor Guido Santiago Tawil

La actividad tendrá lugar el lunes 4 de Noviembre de 2019 a las 18 hs. en el Salón Verde de la Facultad de Derecho (UBA).

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"Wilson Eduardo Santiago c/ GCBA s/ amparo - otros", Expte. 9313/2019-0Acción de amparo colectivo en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 13, Secretaría nº 26, junto con los autos conexos caratulados "Vera Gustavo Javier y otros c/ GCBA y otros s/ amparo - otros", Expte. 9553/2019-0. El expediente tiene por objeto: que se deje sin efecto la intervención de cuentapropistas monotributistas contratados por el GCBA para el ejercicio de funciones reservadas a los funcionarios Agentes de Control de Transito y Transporte; que se disponga la invalidez de las actas extendidas por ellos; y como consecuencia de ello, que se decida la devolución de los importes percibidos de tal modo en concepto de multas. Asimismo, la causa conexa, tiene por objeto que el GCBA deje sin efecto la posibilidad de llevar adelante por los agentes de transito, vinculados laboralmente a ella por un contrato de locación de servicios, el ejercicio del poder de policía previsto en el art. 7º de la ley de tránsito. 

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"Donda Perez, Victoria Analia y otros c/ GCBA s/ amparo - SALEM - otros", Expte. 5484/2019-0. Acción de amparo colectivo en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 13, Secretaría nº 26, junto con los autos conexos caratulados "Suleiman Lilyan Varina contra GCBA y otros sobre amparo – otros", expte. 6395/2019-0. El expediente tiene por objeto la protección integral del colectivo de habitantes en situación de calle o en riesgo de estarlo y el efectivo y cabal cumplimiento de lo prescripto por los arts. 4º, 7º y 8º de la ley 3706 y el art. 8º de la ley 4036, tendiente a operativizar los derechos de esas personas, especialmente en lo relativo a la formulación e implementación de políticas públicas en materia de vivienda y salud. Asimismo, la causa conexa, tiene por objeto que los programas gubernamentales que existen, destinados a asistir a personas en situación de calle durante los días de condiciones adversas temporales, garanticen el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad. 

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"Canda Fabián Omar c/ GCBA y otros s/ amparo – salud – otros", Expte. 2110/2019-0. Acción de amparo colectivo en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario nº 4, Secretaría nº 8, cuyo objeto consiste en que el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleve a cabo todas las acciones necesarias para remover los obstáculos que impiden el efectivo acceso a la protección y efectividad de los derechos de la salud vinculados con las personas que padecen enfermedades cerebro vasculares (ACV), en tanto no cumplió con su obligación de generar el acceso a una política pública respetuosa de sus derechos ni generó ninguna acción tendiente a prevenir y morigerar consecuencias derivadas de aquella.

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